Cuando el Congreso sangró y Fermín Toro salvó la dignidad de la República

El 24 de enero de 1848 estal­ló en Cara­cas la cri­sis que rompió defin­i­ti­va­mente el equi­lib­rio repub­li­cano. Un Con­gre­so con­tro­la­do por los paecis­tas inten­tó enjui­ciar a José Tadeo Mon­a­gas; una muchedum­bre arma­da respondió; murieron diputa­dos; Fer­mín Toro se negó a legit­i­mar la infamia del mon­a­ga­to y quedó como con­cien­cia moral de la República

Luis Alber­to Per­o­zo Padua
Peri­odista espe­cial­iza­do en cróni­cas históricas
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@LuisPerozoPadua

La jor­na­da del 24 de enero de 1848 no fue un sim­ple dis­tur­bio ni un arreba­to espon­tá­neo de vio­len­cia pop­u­lar. Fue la cul­mi­nación de una cri­sis políti­ca lar­va­da entre dos proyec­tos de poder: el del gen­er­al José Tadeo Mon­a­gas, apoy­a­do por los lib­erales emer­gentes y por sec­tores mil­itares mar­gin­a­dos por el pae­cis­mo, y el del gen­er­al José Anto­nio Páez, respal­da­do por la vie­ja oli­gar­quía com­er­cial y ter­rate­niente que había dom­i­na­do la Repúbli­ca des­de su fundación.

Aquel día no solo murieron hom­bres den­tro y alrede­dor del Con­gre­so Nacional. Murió tam­bién la fic­ción de una Repúbli­ca gob­er­na­da por leyes y no por fuerzas. Y, en medio de la san­gre, quedó en pie una figu­ra soli­taria que se negó a transar con la bar­barie: Fer­mín Toro.

La Repúbli­ca al bor­de del choque

Des­de su lle­ga­da al poder en 1847, José Tadeo Mon­a­gas había dado señales inequívo­cas de que no acep­taría gob­ernar como sim­ple títere del pae­cis­mo. Se negó a susti­tuir a min­istros y gob­er­nadores por can­didatos impuestos por José Anto­nio Páez y, para escán­da­lo de la oli­gar­quía con­ser­vado­ra, indultó a diri­gentes lib­erales que habían sido con­de­na­dos a muerte tras la rebe­lión elec­toral de 1846, entre ellos Anto­nio Leo­ca­dio Guzmán.

Ese gesto alteró por com­ple­to el tablero políti­co. Para los paecis­tas —una alian­za de com­er­ciantes, grandes propi­etar­ios y jefes mil­itares tradi­cionales—, el perdón a Guzmán y la aper­tu­ra hacia los lib­erales equiv­alían a una traición. Las ame­nazas con­tra Mon­a­gas se tornaron cada vez más explíc­i­tas. El men­saje era claro: o se sometía al con­trol de Páez o sería der­rib­a­do por la vía constitucional.

Los lib­erales, por su parte, vieron en Mon­a­gas una opor­tu­nidad históri­ca. Por primera vez podían aspi­rar a for­mar parte real del poder y desplazar a una élite que has­ta entonces los había con­tenido medi­ante una com­bi­nación de leyes restric­ti­vas y fuerza arma­da. A ellos se sumaron mil­itares boli­var­i­anos rel­e­ga­dos por Páez tras la muerte de Simón Bolí­var. Más que las acciones de Mon­a­gas, fue la reac­ción desmesura­da del pae­cis­mo la que con­ven­ció a los lib­erales de que el pres­i­dente había cruza­do defin­i­ti­va­mente al cam­po antipaecista.

El pul­so subió de tono cuan­do los con­ser­vadores hicieron saber que uti­lizarían el Con­gre­so —que con­tro­la­ban ampli­a­mente— para enjui­ciar a Mon­a­gas por “traición a la patria” si este no se sometía. Ya deci­di­do a gob­ernar con o sin Páez, y ase­gu­ra­do el respal­do lib­er­al, Mon­a­gas comen­zó a preparar su defen­sa: pasó a retiro a ofi­ciales del ejérci­to acti­vo iden­ti­fi­ca­dos con la oli­gar­quía, desar­mó a mili­cias con­tro­ladas por los paecis­tas y empezó a armar una mili­cia de reser­va com­pues­ta por sec­tores populares.

Mien­tras tan­to, Páez tam­bién movía sus piezas. Via­jó a los llanos con el pre­tex­to de com­prar cabal­los, pero en real­i­dad para reunirse con sus ali­a­dos y preparar una rebe­lión arma­da. Ambos ban­dos sabían que el choque era inevitable.

Antes de la aper­tu­ra del Con­gre­so de 1848, la oli­gar­quía ya había definido su plan: declarar cul­pa­ble a Mon­a­gas y apro­bar tres leyes para ase­gu­rarse el con­trol total del país. La primera entre­garía el poder real al jefe del Ejérci­to, des­ig­na­do por el Con­gre­so e inamovi­ble por el pres­i­dente; ese car­go recaería en Páez. La segun­da impon­dría el juicio mar­cial para toda acusación de rebe­lión, inclu­so con­tra civiles. La ter­cera restringiría el sufra­gio a los lla­ma­dos “ciu­dadanos honorables”.

Los lib­erales apos­ta­ban a resi­s­tir esa ofen­si­va y ganar luego las elec­ciones leg­isla­ti­vas de 1848. Los con­ser­vadores no esta­ban dis­puestos a cor­rer ese ries­go. La cri­sis entró en cuen­ta regresiva.

Un Con­gre­so siti­a­do por el miedo

El Con­gre­so no logró quórum reglamen­tario sino has­ta el 23 de enero de 1848. Días antes, el 19 de enero, trein­ta diputa­dos —de un total de sesen­ta y tres— se habían reunido en secre­to y juraron apo­yar el trasla­do del Con­gre­so a Puer­to Cabel­lo, donde estaría fuera del alcance del Ejec­u­ti­vo. Tam­bién acor­daron declarar con lugar la res­olu­ción de enjui­ciar al pres­i­dente. Cara­cas entera supo de esa reunión clandestina.

En la sesión de aper­tu­ra del 23, la Cámara de Rep­re­sen­tantes se declaró en sesión sec­re­ta, despe­jó la bar­ra públi­ca y resolvió trasladarse a Puer­to Cabel­lo con el voto de 32 de los 44 diputa­dos pre­sentes. Aunque la excusa for­mal era garan­ti­zar la seguri­dad del Par­la­men­to, todos entendieron que se trata­ba del pre­lu­dio del juicio políti­co con­tra Monagas.

El trasla­do solo podía conc­re­tarse si ambas cámaras lo aprob­a­ban. Al recibir la invitación de la Cámara Baja, el Sena­do comen­zó a debatir­la, pero el senador lib­er­al Estanis­lao Rendón tomó la pal­abra y la man­tu­vo durante toda la sesión, man­io­bra inter­pre­ta­da como un inten­to delib­er­a­do de retrasar la decisión y forzar a los diputa­dos a dis­cu­tir las acusa­ciones en Cara­cas, donde la población apoy­a­ba may­ori­tari­a­mente a Monagas.

Invo­can­do el artícu­lo 75 de la Con­sti­tu­ción, los diputa­dos deci­dieron for­mar una guardia arma­da en el local de sesiones para garan­ti­zar el libre ejer­ci­cio de sus fun­ciones. Nom­braron al coro­nel Guiller­mo Smith, cono­ci­do paecista, como jefe de esa guardia. La medi­da encendió la alar­ma en la ciu­dad: no solo refle­ja­ba descon­fi­an­za hacia las autori­dades, sino que ponía armas en manos de un grupo clara­mente partidista.

Al anochecer del 23 de enero, más de doscien­tos hom­bres arma­dos —en su may­oría jóvenes de la oli­gar­quía con­ser­vado­ra— se habían pre­sen­ta­do ante Smith. Al cor­rerse la voz, gru­pos arma­dos comen­zaron a ron­dar las calles. El gob­ier­no mov­i­lizó mili­cias de reser­va de pueb­los cer­canos para apos­tar­las en las afueras de Caracas.

Durante la noche, el Ejec­u­ti­vo protestó ante el pres­i­dente de la Cámara de Rep­re­sen­tantes por la pres­en­cia de una fuerza arma­da tan numerosa, recor­dan­do que la Con­sti­tu­ción solo autor­iz­a­ba una fuerza poli­cial lim­i­ta­da. Aunque la Cámara negó la protes­ta, la guardia se fue reducien­do y al amanecer ape­nas veinte jóvenes per­manecían en sus filas.

24 de enero de 1848: el estallido

A las diez de la mañana del 24 de enero, más de mil per­sonas se habían con­gre­ga­do frente al Con­ven­to de San Fran­cis­co, sede del Con­gre­so. Para la sesión del mediodía, la bar­ra públi­ca esta­ba copa­da por “ciu­dadanos nota­bles”, algunos arma­dos, mien­tras Smith y su reduci­da guardia cus­to­di­a­ban la entrada.

Pasadas las dos y media de la tarde, llegó a la Cámara Baja el sec­re­tario de Inte­ri­or y Jus­ti­cia, doc­tor Tomás José Sanabria, acom­paña­do por un hijo de Mon­a­gas y dos ayu­dantes, para entre­gar el Men­saje Anu­al del pres­i­dente. Antes de poder reti­rarse para hac­er lo mis­mo ante el Sena­do, el diputa­do José María de Rojas pro­pu­so que no se le per­mi­tiera salir y que se citara a los otros dos min­istros para que infor­maran sobre la agitación en la ciu­dad y las medi­das tomadas por el Ejecutivo.

La Cámara acep­tó la prop­ues­ta. Alguien gritó des­de la bar­ra que el min­istro había sido puesto bajo arresto. Var­ios asis­tentes salieron cor­rien­do a la plaza para dar la noticia.

En el Pala­cio de Gob­ier­no —la actu­al Casa Amar­il­la— el Ejec­u­ti­vo inter­pretó la citación del gabi­nete como un inten­to de dejar al pres­i­dente sin poder. Según el artícu­lo 136 de la Con­sti­tu­ción, Mon­a­gas no podía expe­dir ningu­na orden sin la fir­ma de sus min­istros. Con el gabi­nete retenido en el Con­gre­so, el Leg­isla­ti­vo podía inclu­so sus­pender al pres­i­dente sin que este pudiera reac­cionar legalmente.

Veinte min­u­tos después de la “deten­ción” de Sanabria, la muchedum­bre en la pla­zo­le­ta esta­ba fuera de con­trol. Cor­rían rumores de que el min­istro había sido asesina­do. Los con­ser­vadores esta­ban con­ven­ci­dos de que Mon­a­gas y los lib­erales querían dis­olver el Con­gre­so y que la tur­ba sería usa­da para atacarlos.

Cuan­do lle­garon algunos mili­cianos, la guardia del Con­gre­so inter­pretó el hecho como el ini­cio del asalto. No se sabe quién dis­paró primero. Hubo una tri­ful­ca entre un hom­bre y un cen­tinela. La guardia, inex­per­ta, creyó que el ataque había comen­za­do. Las primeras muertes ocur­rieron entre la muchedumbre.

La gente lanzó piedras e insul­tos, pero no logró entrar al recin­to. Pre­sa del páni­co, la Cámara Baja se dis­olvió. Los diputa­dos huyeron por bal­cones y tejados.

Los asesinatos: cómo murieron los diputados

Los hechos no ocur­rieron den­tro del salón de sesiones, sino al salir los diputa­dos a la pla­zo­le­ta y a los patios del convento.

El diputa­do Fran­cis­co Argote, rep­re­sen­tante de Cara­cas, fue acuchilla­do en ple­na hui­da y remata­do en el suelo.

José Anto­nio Salas, tam­bién diputa­do con­ser­vador, recibió múlti­ples puñal­adas cuan­do intenta­ba aux­il­iar a un cole­ga herido.

Juan Gar­cía fue persegui­do has­ta un pasil­lo lat­er­al del Con­gre­so, donde fue gol­pea­do y asesina­do a sablazos.

El vicepres­i­dente de la Repúbli­ca, San­tos Miche­le­na, una de las fig­uras más pres­ti­giosas de la diplo­ma­cia vene­zolana, recibió un macheta­zo en la cabeza y varias heri­das de arma blan­ca. Logró salir con vida, pero murió sem­anas después por las complicaciones.

Murieron en total ocho per­sonas: cua­tro diputa­dos (tres con­ser­vadores y un lib­er­al), el sar­gen­to Pedro Pablo Azpúrua y otros civiles. Casi todos los diputa­dos muer­tos fueron apuñal­a­dos, lo que sug­iere que la mili­cia —arma­da con fusiles— tuvo poco que ver con las muertes.

Los asesinatos ocur­rieron en una fran­ja reduci­da entre la entra­da de la pla­zo­le­ta y el patio del con­ven­to (sede del Con­gre­so de la Repúbli­ca). Dos per­sonas murieron en el patio; las demás, en la pla­zo­le­ta. Ni la muchedum­bre ni la mili­cia lograron subir al salón del piso superior.

El his­to­ri­ador Carac­ci­o­lo Par­ra Pérez con­cluyó que no podía acusarse al Ejec­u­ti­vo de haber plan­i­fi­ca­do el suce­so. Pero tam­bién señaló que, aunque Mon­a­gas tenía poder para evi­tar la vio­len­cia, decidió tomar ven­ta­ja políti­ca de la situación.

Vic­to­ria políti­ca y der­ro­ta institucional

Al día sigu­iente, 25 de enero, rep­re­sen­tantes del Ejec­u­ti­vo —y el pro­pio Mon­a­gas— acud­ieron a las lega­ciones extran­jeras para con­vencer a los diputa­dos refu­gia­dos de que regre­saran al Congreso.

En medio del caos, una voz se alzó con fuerza moral. El diputa­do, diplomáti­co y escritor Fer­mín Toro fue pre­sion­a­do por emis­ar­ios del Pres­i­dente de la Repúbli­ca para regre­sar a un Par­la­men­to someti­do. Su respues­ta, ya con­ver­ti­da en sím­bo­lo: “Dígan­le a Mon­a­gas que mi cadáver lo pueden lle­var, pero Fer­mín Toro no se pros­ti­tuye”. Con esa frase, Toro mar­có dis­tan­cia del poder y defendió la dig­nidad del Legislativo.

Con quórum restable­ci­do ‑sin la pres­en­cia de Fer­mín Toro- el Con­gre­so declaró restable­ci­do el orden con­sti­tu­cional y otorgó poderes espe­ciales al Ejec­u­ti­vo. Mon­a­gas fue nom­bra­do defen­sor de la Con­sti­tu­ción. Días después der­rotó mil­i­tar­mente a Páez y lo envió al exilio.

Los lib­erales cel­e­braron el 24 de enero como una vic­to­ria del pueblo. En real­i­dad, fue una pugna entre dos élites. Ganó Mon­a­gas. Perdió la República.

Epíl­o­go: de Mon­a­gas al chavismo

El asalto de 1848 inau­guró un patrón que se repe­tiría en la his­to­ria vene­zolana: usar la vio­len­cia para some­ter al Parlamento.

Más de un siglo después, las hor­das chav­is­tas irrumpieron en la Asam­blea Nacional y gol­pearon diputa­dos opos­i­tores. La lóg­i­ca fue idéntica.

La difer­en­cia fue moral. En 1848 hubo hom­bres como Fer­mín Toro que pre­firieron el ais­lamien­to antes que legit­i­mar la infamia. Esa estatu­ra éti­ca sigue sien­do hoy la medi­da incó­mo­da de nues­tra ruina republicana.