La fortuna de Juan Vicente Gómez y el destino de los bienes tras su muerte
Durante décadas se repitió que el dictador murió dejando una fortuna gigantesca, incluso estimada en 200 millones de dólares. Pero detrás del mito existía una realidad más concreta: un vasto imperio de haciendas, negocios petroleros, casas, concesiones y empresas extendidas por gran parte del país. Después de su deceso en 1935, el Congreso venezolano ordenó la confiscación de sus bienes y su administración por el Estado. La historia de esa fortuna revela cómo se construyeron algunas de las mayores riquezas políticas de Venezuela
Luis Alberto Perozo Padua
Periodista especializado en crónicas históricas
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@LuisPerozoPadua
El general Juan Vicente Gómez tenía una costumbre que sorprendía a muchos visitantes de sus haciendas en Maracay. Mientras conversaba con empresarios, diplomáticos o políticos, solía señalar con la mano hacia el horizonte y decir con naturalidad: “Todo eso es mío”.
En más de una ocasión, quienes lo escuchaban creían que se trataba de una exageración del viejo caudillo. Pero bastaba recorrer los alrededores para comprobar que, en efecto, aquellos potreros, hatos y plantaciones pertenecían al hombre que gobernó Venezuela durante veintisiete años.
Cuando Gómez murió el 17 de diciembre de 1935, comenzó a circular una pregunta inevitable en el país: ¿cuánto dinero había acumulado el dictador durante su largo dominio del poder?
El mito de los millones
Las cifras que comenzaron a circular tras su fallecimiento fueron tan desmesuradas como contradictorias. Algunos periódicos y comentaristas hablaban de una fortuna cercana a los 200 millones de dólares, una cantidad extraordinaria para la época.
Otros cálculos más prudentes, realizados cuando el Estado comenzó a revisar el patrimonio del gomecismo, redujeron la cifra a unos 100 millones de bolívares, equivalentes aproximadamente a 20 millones de dólares según el tipo de cambio vigente en 1936, que era de 3,09 bolívares por dólar.
En cualquier caso, se trataba de una de las mayores fortunas personales que había existido en Venezuela hasta entonces. Sin embargo, la investigación oficial reveló algo importante: la riqueza de Gómez no estaba guardada en cofres ni escondida en bancos extranjeros.
Su fortuna se encontraba principalmente en tierras, haciendas, propiedades urbanas, concesiones y empresas. Era, más que una fortuna líquida, un gigantesco entramado de bienes productivos repartidos por buena parte del territorio nacional.
Las haciendas del dictador
El verdadero núcleo del poder económico del Benemérito estaba en la tierra. Desde los primeros años de su gobierno comenzó a adquirir haciendas y hatos en distintas regiones del país, especialmente en los llanos y en la zona central.
Cuando se realizó el inventario general de sus bienes después de su defunción la magnitud del imperio ganadero resultó impresionante. Solo en el Distrito Federal se contabilizaron 45 casas y 35 lotes de terreno. En el estado Apure poseía al menos 15 potreros. En Aragua, donde estableció su centro de poder en Maracay, el inventario registró 450 casas, 70 fundos, 30 lotes de terreno y 160 haciendas, además de la isla de Caigüire en el lago de Valencia.
En Carabobo se contabilizaron 20 casas y 90 haciendas, junto con las islas de Chambergo, del Burro y Otama en el mismo lago. En Guárico tenía alrededor de 50 haciendas y 25 casas, mientras que en Cojedes se registraron 28 haciendas. El inventario también reveló propiedades en Miranda, Monagas, Sucre, Táchira, Yaracuy y Zulia, donde además poseía vapores, concesiones petroleras y diversas casas.
Estas cifras, recogidas posteriormente por investigadores como Dupuy, no son completamente exactas porque muchos documentos eran incompletos o generales, pero permiten entender la escala del patrimonio acumulado. De todos los estados, Aragua concentraba la mayor parte de su riqueza. Maracay no solo fue la capital política del gomecismo, sino también el corazón de su imperio económico.
El negocio del petróleo
Aunque la tierra constituyó la base de su fortuna, el petróleo se convirtió en una de las fuentes más lucrativas de ingresos durante las últimas décadas de su gobierno. En 1923, Juan Vicente Gómez fundó la Compañía Venezolana de Petróleo, conocida como CVP.
El dato más revelador es que el propio dictador controlaba cerca del 70 por ciento de las acciones de la empresa, aunque lo hacía a través de testaferros. Entre ellos figuraban Roberto Ramírez y el eminente médico Rafael González Rincones, antiguo ministro del régimen e hijo de Carlos González Bona, fundador de la histórica Petrolia del Táchira.
El mecanismo de negocio era sencillo y altamente rentable. La compañía adquiría con exclusividad las llamadas reservas nacionales de petróleo a precios extremadamente bajos y luego las revendía a empresas interesadas en su explotación.
Con este sistema, Gómez logró beneficiarse directamente del naciente negocio petrolero venezolano. Además del dictador, también se favorecieron varios miembros de su entorno familiar, entre ellos hijos, yernos, primos y otros parientes que participaron en operaciones vinculadas al petróleo.
La confiscación de 1936
La muerte de Gómez abrió un complejo debate político sobre el destino de su patrimonio. El país acababa de salir de una larga dictadura y el nuevo gobierno, encabezado por el general Eleazar López Contreras, debía responder a una presión pública que exigía justicia frente a los abusos del pasado.
Finalmente, el Congreso Nacional aprobó el llamado Acuerdo Confiscatorio en fechas 19 de agosto y 21 de septiembre de 1936, publicado posteriormente en la Gaceta Oficial número 19.066 del 22 de septiembre de ese mismo año.
Mediante esta decisión, el Estado venezolano se convirtió en propietario de todos los bienes pertenecientes al extinto dictador. Fue una medida extraordinaria en la historia política del país. Por primera vez, el patrimonio de un gobernante era formalmente confiscado por decisión del poder legislativo.
La administración del patrimonio
Una vez decretada la confiscación, el Estado enfrentó el desafío de administrar un conjunto inmenso y disperso de propiedades. Según explica Dupuy en sus investigaciones, todos los bienes confiscados fueron adscritos al Ministerio de Relaciones Interiores, que delegó su administración al Banco Agrícola y Pecuario.
Este instituto bancario creó un departamento especial encargado de vigilar y gestionar las propiedades del antiguo dictador.
Para facilitar la administración, el banco decidió dividir el patrimonio en trece sectores. Entre ellos se encontraban la Zona Central, que incluía potreros y haciendas en Carabobo, Aragua y parte de Guárico; la administración del Central Tacarigua; las haciendas de Barlovento; las propiedades del Táchira y Yaracuy; la administración de hatos distribuidos en distintos estados; además de fábricas de aceites, plantas eléctricas, telares de Maracay, instalaciones lactuarias y numerosas casas urbanas. La intención era transformar aquel inmenso patrimonio privado en bienes productivos al servicio de la nación.
El misterio del dinero
A pesar de la magnitud del inventario, muchos interrogantes quedaron sin respuesta. Los registros detallaban haciendas, terrenos, casas y empresas, pero ofrecían poca información sobre otros posibles activos.
No quedaba claro cuánto dinero en efectivo poseía Gómez al momento de su muerte, ni qué ocurrió con posibles depósitos bancarios, obras de arte o joyas. Tampoco se sabía con certeza si existían capitales en el extranjero.
Algunos historiadores han señalado que parte de la fortuna del gomecismo pudo haber quedado en manos de familiares, socios o antiguos colaboradores antes de que el Estado iniciara el proceso de confiscación. Por ello, el verdadero tamaño de la fortuna de Gómez probablemente nunca se conocerá con precisión absoluta.
De Gómez a las nuevas fortunas
Si algo revela la historia de la fortuna de Juan Vicente Gómez es que el poder político en Venezuela ha sido, demasiadas veces, la puerta de entrada a riquezas descomunales. El dictador tachirense construyó su imperio en haciendas, concesiones y negocios petroleros. Pero, comparado con lo que ha ocurrido en tiempos recientes, aquel patrimonio parece casi primitivo en su forma de acumulación.
En el siglo XXI, las fortunas asociadas al poder ya no se miden solo en tierras o ganado. Se miden en cuentas bancarias en paraísos fiscales, propiedades en varias capitales del mundo, lingotes de oro, empresas registradas en jurisdicciones opacas y depósitos multimillonarios en efectivo. Investigaciones judiciales y financieras internacionales han documentado cómo parte de la riqueza generada por el Estado venezolano terminó circulando por complejas redes de testaferros y sociedades con ventajas fiscales.
La comparación histórica es inevitable. Gómez acumuló su fortuna dentro del territorio nacional y buena parte de ella pudo ser identificada y confiscada tras su muerte. Las nuevas fortunas del poder, en cambio, se diseminan por el sistema financiero global, protegidas por bancos, bufetes internacionales y estructuras corporativas diseñadas para ocultar a sus verdaderos dueños.
Por eso la vieja historia del gomecismo adquiere hoy una dimensión inesperada. No es solo el relato de la riqueza de un dictador del siglo XX. Es también la evidencia de que, en Venezuela, la relación entre poder político y riqueza privada sigue siendo uno de los problemas más persistentes de su historia.
Y, a juzgar por las dimensiones de algunas fortunas contemporáneas, el país parece haber perfeccionado con el tiempo aquello que comenzó a aprender en los días del general Gómez.
