Cuando el Congreso sangró y Fermín Toro salvó la dignidad de la República
El 24 de enero de 1848 estalló en Caracas la crisis que rompió definitivamente el equilibrio republicano. Un Congreso controlado por los paecistas intentó enjuiciar a José Tadeo Monagas; una muchedumbre armada respondió; murieron diputados; Fermín Toro se negó a legitimar la infamia del monagato y quedó como conciencia moral de la República
Luis Alberto Perozo Padua
Periodista especializado en crónicas históricas
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@LuisPerozoPadua
La jornada del 24 de enero de 1848 no fue un simple disturbio ni un arrebato espontáneo de violencia popular. Fue la culminación de una crisis política larvada entre dos proyectos de poder: el del general José Tadeo Monagas, apoyado por los liberales emergentes y por sectores militares marginados por el paecismo, y el del general José Antonio Páez, respaldado por la vieja oligarquía comercial y terrateniente que había dominado la República desde su fundación.
Aquel día no solo murieron hombres dentro y alrededor del Congreso Nacional. Murió también la ficción de una República gobernada por leyes y no por fuerzas. Y, en medio de la sangre, quedó en pie una figura solitaria que se negó a transar con la barbarie: Fermín Toro.
La República al borde del choque
Desde su llegada al poder en 1847, José Tadeo Monagas había dado señales inequívocas de que no aceptaría gobernar como simple títere del paecismo. Se negó a sustituir a ministros y gobernadores por candidatos impuestos por José Antonio Páez y, para escándalo de la oligarquía conservadora, indultó a dirigentes liberales que habían sido condenados a muerte tras la rebelión electoral de 1846, entre ellos Antonio Leocadio Guzmán.
Ese gesto alteró por completo el tablero político. Para los paecistas —una alianza de comerciantes, grandes propietarios y jefes militares tradicionales—, el perdón a Guzmán y la apertura hacia los liberales equivalían a una traición. Las amenazas contra Monagas se tornaron cada vez más explícitas. El mensaje era claro: o se sometía al control de Páez o sería derribado por la vía constitucional.
Los liberales, por su parte, vieron en Monagas una oportunidad histórica. Por primera vez podían aspirar a formar parte real del poder y desplazar a una élite que hasta entonces los había contenido mediante una combinación de leyes restrictivas y fuerza armada. A ellos se sumaron militares bolivarianos relegados por Páez tras la muerte de Simón Bolívar. Más que las acciones de Monagas, fue la reacción desmesurada del paecismo la que convenció a los liberales de que el presidente había cruzado definitivamente al campo antipaecista.
El pulso subió de tono cuando los conservadores hicieron saber que utilizarían el Congreso —que controlaban ampliamente— para enjuiciar a Monagas por “traición a la patria” si este no se sometía. Ya decidido a gobernar con o sin Páez, y asegurado el respaldo liberal, Monagas comenzó a preparar su defensa: pasó a retiro a oficiales del ejército activo identificados con la oligarquía, desarmó a milicias controladas por los paecistas y empezó a armar una milicia de reserva compuesta por sectores populares.
Mientras tanto, Páez también movía sus piezas. Viajó a los llanos con el pretexto de comprar caballos, pero en realidad para reunirse con sus aliados y preparar una rebelión armada. Ambos bandos sabían que el choque era inevitable.
Antes de la apertura del Congreso de 1848, la oligarquía ya había definido su plan: declarar culpable a Monagas y aprobar tres leyes para asegurarse el control total del país. La primera entregaría el poder real al jefe del Ejército, designado por el Congreso e inamovible por el presidente; ese cargo recaería en Páez. La segunda impondría el juicio marcial para toda acusación de rebelión, incluso contra civiles. La tercera restringiría el sufragio a los llamados “ciudadanos honorables”.
Los liberales apostaban a resistir esa ofensiva y ganar luego las elecciones legislativas de 1848. Los conservadores no estaban dispuestos a correr ese riesgo. La crisis entró en cuenta regresiva.
Un Congreso sitiado por el miedo
El Congreso no logró quórum reglamentario sino hasta el 23 de enero de 1848. Días antes, el 19 de enero, treinta diputados —de un total de sesenta y tres— se habían reunido en secreto y juraron apoyar el traslado del Congreso a Puerto Cabello, donde estaría fuera del alcance del Ejecutivo. También acordaron declarar con lugar la resolución de enjuiciar al presidente. Caracas entera supo de esa reunión clandestina.
En la sesión de apertura del 23, la Cámara de Representantes se declaró en sesión secreta, despejó la barra pública y resolvió trasladarse a Puerto Cabello con el voto de 32 de los 44 diputados presentes. Aunque la excusa formal era garantizar la seguridad del Parlamento, todos entendieron que se trataba del preludio del juicio político contra Monagas.
El traslado solo podía concretarse si ambas cámaras lo aprobaban. Al recibir la invitación de la Cámara Baja, el Senado comenzó a debatirla, pero el senador liberal Estanislao Rendón tomó la palabra y la mantuvo durante toda la sesión, maniobra interpretada como un intento deliberado de retrasar la decisión y forzar a los diputados a discutir las acusaciones en Caracas, donde la población apoyaba mayoritariamente a Monagas.
Invocando el artículo 75 de la Constitución, los diputados decidieron formar una guardia armada en el local de sesiones para garantizar el libre ejercicio de sus funciones. Nombraron al coronel Guillermo Smith, conocido paecista, como jefe de esa guardia. La medida encendió la alarma en la ciudad: no solo reflejaba desconfianza hacia las autoridades, sino que ponía armas en manos de un grupo claramente partidista.
Al anochecer del 23 de enero, más de doscientos hombres armados —en su mayoría jóvenes de la oligarquía conservadora— se habían presentado ante Smith. Al correrse la voz, grupos armados comenzaron a rondar las calles. El gobierno movilizó milicias de reserva de pueblos cercanos para apostarlas en las afueras de Caracas.
Durante la noche, el Ejecutivo protestó ante el presidente de la Cámara de Representantes por la presencia de una fuerza armada tan numerosa, recordando que la Constitución solo autorizaba una fuerza policial limitada. Aunque la Cámara negó la protesta, la guardia se fue reduciendo y al amanecer apenas veinte jóvenes permanecían en sus filas.
24 de enero de 1848: el estallido
A las diez de la mañana del 24 de enero, más de mil personas se habían congregado frente al Convento de San Francisco, sede del Congreso. Para la sesión del mediodía, la barra pública estaba copada por “ciudadanos notables”, algunos armados, mientras Smith y su reducida guardia custodiaban la entrada.
Pasadas las dos y media de la tarde, llegó a la Cámara Baja el secretario de Interior y Justicia, doctor Tomás José Sanabria, acompañado por un hijo de Monagas y dos ayudantes, para entregar el Mensaje Anual del presidente. Antes de poder retirarse para hacer lo mismo ante el Senado, el diputado José María de Rojas propuso que no se le permitiera salir y que se citara a los otros dos ministros para que informaran sobre la agitación en la ciudad y las medidas tomadas por el Ejecutivo.
La Cámara aceptó la propuesta. Alguien gritó desde la barra que el ministro había sido puesto bajo arresto. Varios asistentes salieron corriendo a la plaza para dar la noticia.
En el Palacio de Gobierno —la actual Casa Amarilla— el Ejecutivo interpretó la citación del gabinete como un intento de dejar al presidente sin poder. Según el artículo 136 de la Constitución, Monagas no podía expedir ninguna orden sin la firma de sus ministros. Con el gabinete retenido en el Congreso, el Legislativo podía incluso suspender al presidente sin que este pudiera reaccionar legalmente.
Veinte minutos después de la “detención” de Sanabria, la muchedumbre en la plazoleta estaba fuera de control. Corrían rumores de que el ministro había sido asesinado. Los conservadores estaban convencidos de que Monagas y los liberales querían disolver el Congreso y que la turba sería usada para atacarlos.
Cuando llegaron algunos milicianos, la guardia del Congreso interpretó el hecho como el inicio del asalto. No se sabe quién disparó primero. Hubo una trifulca entre un hombre y un centinela. La guardia, inexperta, creyó que el ataque había comenzado. Las primeras muertes ocurrieron entre la muchedumbre.
La gente lanzó piedras e insultos, pero no logró entrar al recinto. Presa del pánico, la Cámara Baja se disolvió. Los diputados huyeron por balcones y tejados.
Los asesinatos: cómo murieron los diputados
Los hechos no ocurrieron dentro del salón de sesiones, sino al salir los diputados a la plazoleta y a los patios del convento.
El diputado Francisco Argote, representante de Caracas, fue acuchillado en plena huida y rematado en el suelo.
José Antonio Salas, también diputado conservador, recibió múltiples puñaladas cuando intentaba auxiliar a un colega herido.
Juan García fue perseguido hasta un pasillo lateral del Congreso, donde fue golpeado y asesinado a sablazos.
El vicepresidente de la República, Santos Michelena, una de las figuras más prestigiosas de la diplomacia venezolana, recibió un machetazo en la cabeza y varias heridas de arma blanca. Logró salir con vida, pero murió semanas después por las complicaciones.
Murieron en total ocho personas: cuatro diputados (tres conservadores y un liberal), el sargento Pedro Pablo Azpúrua y otros civiles. Casi todos los diputados muertos fueron apuñalados, lo que sugiere que la milicia —armada con fusiles— tuvo poco que ver con las muertes.
Los asesinatos ocurrieron en una franja reducida entre la entrada de la plazoleta y el patio del convento (sede del Congreso de la República). Dos personas murieron en el patio; las demás, en la plazoleta. Ni la muchedumbre ni la milicia lograron subir al salón del piso superior.
El historiador Caracciolo Parra Pérez concluyó que no podía acusarse al Ejecutivo de haber planificado el suceso. Pero también señaló que, aunque Monagas tenía poder para evitar la violencia, decidió tomar ventaja política de la situación.
Victoria política y derrota institucional
Al día siguiente, 25 de enero, representantes del Ejecutivo —y el propio Monagas— acudieron a las legaciones extranjeras para convencer a los diputados refugiados de que regresaran al Congreso.
En medio del caos, una voz se alzó con fuerza moral. El diputado, diplomático y escritor Fermín Toro fue presionado por emisarios del Presidente de la República para regresar a un Parlamento sometido. Su respuesta, ya convertida en símbolo: “Díganle a Monagas que mi cadáver lo pueden llevar, pero Fermín Toro no se prostituye”. Con esa frase, Toro marcó distancia del poder y defendió la dignidad del Legislativo.
Con quórum restablecido ‑sin la presencia de Fermín Toro- el Congreso declaró restablecido el orden constitucional y otorgó poderes especiales al Ejecutivo. Monagas fue nombrado defensor de la Constitución. Días después derrotó militarmente a Páez y lo envió al exilio.
Los liberales celebraron el 24 de enero como una victoria del pueblo. En realidad, fue una pugna entre dos élites. Ganó Monagas. Perdió la República.
Epílogo: de Monagas al chavismo
El asalto de 1848 inauguró un patrón que se repetiría en la historia venezolana: usar la violencia para someter al Parlamento.
Más de un siglo después, las hordas chavistas irrumpieron en la Asamblea Nacional y golpearon diputados opositores. La lógica fue idéntica.
La diferencia fue moral. En 1848 hubo hombres como Fermín Toro que prefirieron el aislamiento antes que legitimar la infamia. Esa estatura ética sigue siendo hoy la medida incómoda de nuestra ruina republicana.
