Andrés Velásquez, Fermín y Álvarez Paz pidieron en 1993 liberar a Hugo Chávez

Juan José Peralta
Periodista

Es verdad que el ex presidente Rafael Caldera tiene la primera y mayor responsabilidad en la liberación de los líderes de las intentonas golpistas del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992 contra el presidente Carlos Andrés Pérez, por el sobreseimiento a quienes causaron daños constitucionales, patrimoniales y morales a Venezuela y su sistema democrático de gobierno. Fue su decisión. A la cuenta de Caldera le cargamos casi toda la culpa.

Pero esta decisión es bas­tante colec­ti­va. Los golpis­tas de ambos inten­tos fra­casa­dos debían pagar }su des­obe­di­en­cia a las leyes, la vio­lación al jura­men­to ante la Con­sti­tu­ción y las vidas per­di­das. Los daños cau­sa­dos al pat­ri­mo­nio de la Nación. Los demócratas debieron opon­erse en las instan­cias legales a esa decisión de Caldera, quien como pro­fe­sor de Dere­cho Con­sti­tu­cional echó por la bor­da los prin­ci­p­ios de la Car­ta Magna que enseña­ba a sus alum­nos: respetarla.

Libertad para los golpistas

Ni siquiera lle­garon a juz­gar­los y un fal­so “espíritu de la paz” se con­vir­tió en voz pidi­en­do la lib­eración de los alza­dos con­tra la Con­sti­tu­ción. Debió inclu­so ser una lec­ción de ped­a­gogía políti­ca a las fuerzas armadas y el país entero, pero se impu­so el sen­tir pop­ulista de los can­didatos pres­i­den­ciales que enfrentaron a Caldera en 1993. Con sen­ti­do elec­torero preg­o­na­ban la solic­i­tud de lib­er­tad para quienes vio­laron su jura­men­to ante la ban­dera, con las armas con­fi­adas por la Repúbli­ca. Hay quienes sostienen que de haber habido sen­ten­cia y un rig­uroso análi­sis de inteligen­cia mil­i­tar la segun­da ason­a­da no debió darse.

Tam­bién es ver­dad que el pro­pio pres­i­dente Car­los Andrés Pérez había orde­na­do la lib­er­tad de los alza­dos de menor jer­ar­quía a quienes se com­pro­bó estar en la con­ju­ra “obe­de­cien­do órdenes” y muchos fueron rein­ser­ta­dos. Otros de baja, pero libres. No pagaron su falta. 

En un artícu­lo pub­li­ca­do en defen­sa de las acusa­ciones con­tra su padre, mi tocayo Juan José Caldera escribió que ape­nas dos sem­anas después del 4 de febrero de 1992 se dic­taron los primeros 33 autos de deten­ción en los tri­bunales mil­itares por el deli­to de rebe­lión, pese a que los ofi­ciales detenidos eran más de tre­scien­tos. En esa mis­ma fecha se comen­zó a pro­pon­er en la pren­sa una amplia amnistía a favor de los impli­ca­dos en el alza­mien­to mil­i­tar y el 30 de mar­zo –ape­nas 54 días después– se pre­sen­tó al Con­gre­so Nacional un proyec­to de ley de amnistía. Tres días más, el 2 de abril, se pro­du­jo la “mar­cha del silen­cio” exigien­do “la lib­er­tad de los insur­gentes y la renun­cia de Pérez”.

Extraña solidaridad

El 27 de abril, cuan­do se iban a cumplir tres meses del inten­to de mag­ni­cidio a Pérez, su min­istro de la Defen­sa, gen­er­al Fer­nan­do Ochoa Antich (siem­pre sospe­choso de cono­cer del golpe) vis­itó en el Cuar­tel San Car­los a los líderes sedi­ciosos , Hugo Chávez, Fran­cis­co Arias Cár­de­nas, Jesús Urdane­ta Hernán­dez, Joel Acos­ta Chiri­nos y Miguel Ortiz Con­tr­eras y les “prometió abog­ar para lograr que fuer­an puestos en lib­er­tad, siem­pre y cuan­do demostraran un sin­cero arrepen­timien­to por sus acciones en con­tra de la insti­tu­cional­i­dad”, como lo reco­gieron los medios. Es decir que sólo bas­tarían los golpes de pecho del dolor de corazón.

Cuen­ta mi tocayo que aquel mis­mo día el gob­er­nador del Zulia Oswal­do Álvarez Paz, quien fue detenido en la res­i­den­cia ofi­cial por los golpis­tas el 4 de febrero, en respues­ta a los caudil­los del golpe, se con­gració con ellos según car­ta suya desple­ga­da en El Nacional: “no ten­go dudas en cuan­to a la rec­ti­tud de propósi­tos que los ani­mó a la aven­tu­ra del 4‑F” y les ofrecía “las puer­tas de la prisión se abrirán para dar rien­da suelta a los sueños e ilu­siones que los ali­men­tan”. Boni­tas ilu­siones, Oswal­do. Bel­los sueños.

Cuarenta días antes de la segun­da inten­tona, el 18 de octubre Álvarez Paz declaró a ese mis­mo diario que “las declara­ciones de Clau­dio Fer­mín en torno a la posi­bil­i­dad de dec­re­tar una amnistía para los mil­itares y enca­pucha­dos eran sor­pre­si­vas e intere­santes, por venir de un alto per­son­ero de Acción Democráti­ca”. Fer­mín fragua­ba su candidatura.

Ya en 1993 los can­didatos esta­ban en la calle y Caldera le dijo en entre­vista tele­visa­da a César Miguel Rondón el 2 de junio que la lib­er­tad de Chávez resultó de la decisión toma­da con todos los golpis­tas y que “esos sobre­seimien­tos comen­zaron a dic­tarse en tiem­pos del pro­pio pres­i­dente Pérez, que fue el Pres­i­dente que esta­ba en Miraflo­res cuan­do ocur­rió la sub­l­e­vación; con­tin­uaron durante el Gob­ier­no del Pres­i­dente Velásquez y cuan­do yo asumí habían puesto en lib­er­tad a casi todos, por no decir a todos, los par­tic­i­pantes de la acción. Sería con­trario a todas las nor­mas jurídi­cas que se hubiera sobre­seí­do el juicio que se les seguía a los demás ofi­ciales y se hubiera man­tenido a Chávez en la cár­cel por el temor de que pudiera lle­gar a ser Pres­i­dente. Temor que nadie com­partía en ese momen­to”, se jus­ti­ficó Caldera.

Según el Sindi­ca­to Nacional de Tra­ba­jadores de la Pren­sa, han cer­ra­do 65 emiso­ras, 41 per­iódi­cos y nueve canales de TV y los que quedan tienen un cañón apuntándolos.

Por eso insis­to en leer la his­to­ria. Bolí­var per­donó a San­tander, quien encabezó su inten­to de mag­ni­cidio en 1828 y primero lo echaron de la coman­dan­cia del ejérci­to, luego de la pres­i­den­cia de la Gran Colom­bia y después del país. Tam­bién per­donó a Páez por la Cosi­a­ta, para sacar a Venezuela de la Gran Colom­bia y el Cen­tau­ro de los llanos no lo dejó entrar y tuvo que irse a morir en San­ta Marta. 

Páez per­donó a José Tadeo Mon­a­gas quien con­spir­a­ba con­tra él des­de que empezó su gob­ier­no y le aupó a la pres­i­den­cia  para que después, Mon­a­gas lo man­dara al castil­lo y al exilio. Juan Crisós­to­mo Fal­cón no per­donó a su cuña­do Eze­quiel Zamo­ra y lo sacó del juego. Anto­nio Guzmán Blan­co no les dio tregua a sus ene­mi­gos y los mandó al destier­ro o la cár­cel. Joaquín Cre­spo no per­donó que Raimun­do Andueza Pala­cio quisiera exten­der el perío­do de gob­ier­no: lo suplió y después respaldó a Igna­cio Andrade. Cre­spo per­donó al “mocho” Hernán­dez que se escapó de Cara­cas y se alzó, cuan­do lo perseguía lo mataron en la Mata Carmelera.

A comien­zos del siglo XX lle­garon los andi­nos a Cara­cas: Cipri­ano Cas­tro y Juan Vicente Gómez. En el poder se abrieron las ambi­ciones. Gómez con­spir­a­ba y su com­padre lo per­donó. Pero en su turno, el Ben­eméri­to no le dio chance y “el cabito” murió en el exilio maldicién­do­lo. Gómez no per­donó a su mujer, Dion­isia Bel­lo, por el asesina­to de su her­mano Juan­cho y la dester­ró a París. Ni al hijo, Vicen­ti­co, cuan­do lo des­cubrió con­spir­an­do. Le mandó quitarse el uni­forme y lo envió con su mamá, agre­ga­do mil­i­tar en París, donde murió. Tam­poco al com­padre Román Del­ga­do Chal­baud, quien pagó catorce años en La Rotun­da por con­spir­ar. El Bagre no per­don­a­ba. Los alza­dos esta­ban en el cemente­rio, la cár­cel o el exilio.

Golpe a golpe

Med­i­na Angari­ta sabía de la con­spir­ación de los jóvenes mil­itares y has­ta los sar­gen­tos tenían conocimien­to, se con­fió y lo tum­baron. Rómu­lo Gal­le­gos fue per­mi­si­vo con los mil­itares Del­ga­do Chal­baud y Pérez Jiménez y tam­bién lo tum­baron. Rómu­lo Betan­court no le dio tregua a los alza­dos de tres inten­tos de golpes y un mag­ni­cidio frustra­do. A nadie se le ocur­riría pedirle indul­tos o sobre­seimien­tos. “Pre­so es pre­so y su apel­li­do es can­da­do”, decía el líder guatireño.

Endiosa­do, Pérez no defendió el prin­ci­pio con­sti­tu­cional de cas­ti­go a quienes insurgieron con­tra el Esta­do de Dere­cho. Tam­poco su par­tido, aunque ya lo habían expul­sa­do. Un gen­tío se empeñó en pedir la lib­er­tad de los golpis­tas. Quien comete un deli­to a una fal­ta debe pagar por ello, lo dicen las vie­jas leyes.