El magnicidio frustrado contra Cipriano Castro
Luis Heraclio Medina Canelón
Miembro de la Academia de Historia del Estado Carabobo
Hace pocos días se cumplieron 124 años de un evento que pudo cambiar el curso de la historia. El dictador Cipriano Castro era amante de las fiestas, los bailes y los saraos. Su primer carnaval en el poder estuvo a punto de convertirse también en su última fiesta.
Por definición, magnicidio es el homicidio cometido en contra de un gran dignatario, puede ser un presidente, un rey o príncipe o alguna altísima autoridad. Hay magnicidios justificados, como los de un déspota, que se llaman tiranicidio, cuando matan a un rey o reina es regicidio. Hay magnicidios reales, que ciertamente son para matar al político y hay otros falsos o simulados, con otras intenciones.
A principios de 1900 se estrenaba el dictador Cipriano Castro en el poder. Su llegada a la presidencia había traído muy buenas expectativas, ya que había derrocado al régimen de Crespo-Andrade, que ilegítimamente pretendía instaurar una continuidad rechazada por la población, pero rápidamente Castro demostró ser más de lo mismo o quizás peor.
Castro era un amante de los bonches, los bailes, el aguardiente y las mujeres sin moderación alguna. El hombrecito (era muy, pero muy bajito) de un lejano pueblito de Los Andes rápidamente se vio seducido por aquella Caracas que debió parecerle una metrópolis rutilante. Los centrales empezaron a adularlo para ganar prebendas y beneficios y lo invitaban frecuentemente a fiestas, bailes y a burdeles que hacían las delicias del político.
Cuando llegó el primer carnaval de su mandato no perdió oportunidad en salir a ver las comparsas y desfiles de tan de moda en aquella época.

El martes de carnaval, 27 de febrero, Cipriano Castro sale a participar en las carnestolendas. Viaja acompañado de su esposa Zoila. Ya caía la tarde cuando el coche donde viajaba la pareja presidencial recorre la parroquia Candelaria. Pasaba por la esquina de Socarrás y el populacho saludaba a los Castro quienes respondían con confetis y caramelos, cuando un joven obrero analfabeta de nombre Anselmo López, oriundo de Aragua y empleado en una panadería, saca de sus ropas un revólver calibre 38 y apunta hacia Castro. Muy cerca de él se encuentra el agente de la policía municipal Andrés Cabrices, placa Nro. 111, que cuando ve a López accionar el arma salta sobre el criminal. El primer tiro no detona y cuando López hace el segundo disparo ya está forcejeando con el policía y el tiro da en el piso. López, campesino cortador de leña es muy fuerte y hacen falta varios policías y escoltas para quitarle el revólver. Luego saca un puñal, que también le quitan entre varios. Como puede le arrebata el rolo a un policía y con eso se defiende hasta que finalmente es reducido y llevado a prisión. Nadie resulta herido.
Anselmo López era un humilde obrero de la Panadería Marrero de Caracas. Su trabajo era cortar la leña. La policía allanó la panadería y se llevó preso a todo el mundo, incluso a tres maestros panaderos franceses que casi ni hablaban castellano.
Las sospechas como autor intelectual recayeron sobre todo en Francisco Marrero, el dueño de la panadería, ubicada en la esquina de Manduca, aunque algunos “opinadores” señalaban un fantasiosa complot del “Mocho Hernández”, líder de la oposición (la historia de nunca acabar).
El señor Marrero, es extranjero, de las Canarias. Es un hombre pacífico, que nunca se ha metido en política y dedicado por entero a su trabajo, pero cuando la policía irrumpió en su casa encontró en la habitación de la sirvienta de la casa, Manuela Urbina, un documento que hizo sospechar del isleño. Se trataba de un vale por una suma bastante elevada para la época: 437 pesos, que Marrero se comprometía a pagarle a López. Anselmo, que pretendía a Manuela, se lo había entregado a la mujer para que se lo guardara.
Ambos hombres quedaron presos y se les abrió juicio por homicidio frustrado. ¿Pero fue en realidad un intento de homicidio? ¿verdaderamente tenía Marrero alguna implicación? ¿Qué tuvo que ver Manuela?
Arriba describimos los hechos del atentado, que fueron de dominio público en su momento. Hay otros aspectos reservados, que sesenta años después de los hechos fueron publicados por el Boletín del Archivo Histórico de Miraflores, sacados del archivo personal del propio Cipriano Castro. Son documentos que dejan más dudas que explicaciones.
El primer documento que nos llama la atención data del 1 de junio de 1901, es decir, año y 4 meses después del atentado. Es el informe dirigido a Castro sobre la inspección de la cárcel de La Rotunda que hace el juez López Fontainés de conformidad con la ley, que obligaba a los magistrados a hacer visitas a las cárceles para constatar el estado de los presos y su situación judicial. Allí el juez deja constancia de varias cosas interesantes: el supuesto autor material, Anselmo López, no aparece por ningún lado, pese a que en los archivos de la cárcel se señala que ingresó al penal, y no hay constancia de que haya salido, pero no está. Mientras que el presunto autor intelectual Francisco Marrero, se encuentra incomunicado en un “tigrito”, no ha rendido declaración, no ha podido nombrar abogado y su proceso está paralizado. Entre otras cosas encuentra a 4 periodistas presos, sin proceso judicial, y otra gran cantidad de ciudadanos detenidos sin juicio o con juicios paralizados. El juez dispone requerir del magistrado que lleva el juicio del atentado a Castro las razones de la paralización del proceso, ordena la libertad de los periodistas detenidos y solicita averiguar la desaparición de Anselmo López, presunto autor material del intento de magnicidio.
La respuesta de Castro a la petición del juez de que se continúe el juicio no se hace esperar: Manda a poner preso al magistrado. ¿Por qué? Seguimos en misterio. Nos parece lo lógico que Castro sería el primer interesado en que se terminara con la averiguación y se condenara con sentencia a los culpables, si los hubiera.
Seguidamente vemos una especie de Informe privado encargado por Castro a un “Doctor Carías” del quien no tenemos mayores datos. Es un documento que mezcla aspectos criminalísticos, criminológicos y grafológicos. El informe que se hace en vista al expediente judicial aclara que un vale que tenía López en contra de Marrero estaba completamente justificado, ya que era por las deudas laborales que Marrero tenía con López. No eran pago por el atentado. Todo quedó evidenciado en los libros de contabilidad de la panadería.
Considera el Dr. Carías que la culpabilidad de López está plenamente demostrada, no así la de Marrero, quien no ha variado sus declaraciones y en el aspecto grafológico su escritura también es invariable, lo que Carías considera una muestra de que el panadero está tranquilo ya que no cree que vaya a ser condenado. Del mismo modo todos los testigos declaran que Marrero nunca se ha metido en política, por ser extranjero y es un hombre sumamente pacífico. Contra Marrero hay sólo 2 declaraciones: la del propio López y la de su novia, Manuela Urbina, quien se contradice cada vez que declara.
Sostiene finalmente el Dr. Carías, que el autor material Anselmo López, casi un retrasado mental, enamorado de Manuela Urbina, sirvienta de Marrero, por algún tipo de sugestión a motu proprio decidió cometer el atentado.
Finalmente encontramos una carta suscrita por Jorge Bello, jefe de la cárcel del Castillo de la Barra del Lago de Maracaibo, tres años después del atentado, el 19 de febrero de 1903 donde informa a Castro que le enviará a Caracas a dos presos: Francisco Marrero y el desaparecido Anselmo López “con un individuo de confianza que informe a Ud de unos asuntos verbalmente y que conduzca a esa en cumplimiento de sus órdenes a los referidos reos.”
¿Por qué mantuvieron tan lejos a Marrero y López? ¿Dónde estaba Anselmo cuando desapareció de La Rotunda? ¿Por qué encarcelaron al juez que quería continuar el juicio? ¿Por qué la información del jefe de la cárcel tiene que darla “verbalmente individuo de confianza”? Muchas cosas oscuras hubo en ese atentado y su averiguación.
Fuentes:
Boletín del Archivo Histórico de Miraflores, Nros. 5 y 32. Secretaría de la Presidencia de la República. Imprenta Nacional. 1964