Bajo engaño Presidente de Venezuela indultó al narcotraficante más buscado del continente

 

Luis Alberto Perozo Padua
Periodista

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Cuando el presidente encargado de Venezuela, el reconocido historiador y periodista doctor Ramón J Velásquez, llegó al despacho, ya su secretaria privada le tenía una ruma de documentos por firmar. Era una Venezuela convulsa los primeros años de la década de los 90, con sucesos que desencadenaron revueltas sociales y dos golpes de estado al Presidente electo Carlos Andrés Pérez.

Al sen­tarse en su escrito­rio cayó en cuen­ta que era martes 26 de octubre de 1993. Después de var­ios doc­u­men­tos y decre­tos pres­i­den­ciales fir­ma­dos, María Aux­il­i­ado­ra Jara de Tara­zona, su sec­re­taria pri­va­da, sal­ió presurosa a entre­gar los pape­les ya rubri­ca­dos para su distribución.

A las 5:50 de la tarde, de ese mis­mo día (26 octubre de  1993), Lar­ry Sal­vador Tovar Acuña, jefe de una poderosa orga­ni­zación de nar­co­traf­i­cantes lla­ma­da la Conex­ión Euroamer­i­cana, sal­ió en lib­er­tad, en una veloz juga­da maes­tra plan­i­fi­ca­da minuciosamente.

El narcoindulto 3215

Lar­ry Tovar Acuña rep­re­sen­tante del car­tel de Medel­lín en Venezuela, quien se encon­tra­ba detenido en la Pen­i­ten­cia­ría de El Rodeo, con una sen­ten­cia pre­lim­i­nar de 13 años por diver­sos deli­tos en Venezuela y Esta­dos Unidos rela­ciona­dos con el com­er­cio de nar­cóti­cos, se le con­cedió una irreg­u­lar bole­ta de excarcelación que fue remi­ti­da por fax a la insta­lación pen­i­ten­cia­ria, la cual con­tenía un número de cédu­la de iden­ti­dad que ni siquiera cor­re­spondía al procesado.

El Decre­to 3215, apare­ció en la Gac­eta Ofi­cial, pub­li­cación que fue deci­di­da por el min­istro de la Sec­re­taría, sin la fir­ma del min­istro de Jus­ti­cia que debía refren­dar el acto pres­i­den­cial. El pri­sionero fue saca­do de prisión sin que la juez que le seguía juicio hubiera rubri­ca­do la nece­saria bole­ta de excarcelación. Tovar huyó a Colom­bia y fue recap­tura­do en sep­tiem­bre de 1994.

Tras la pista del narcoescándalo

La noche de ese 26 de octubre, ya el cír­cu­lo más cer­ra­do del Pres­i­dente pro­vi­sion­al sabía del caso y apresuraron a derog­ar el “nar­code­cre­to”, pero al amanecer del 27, ya la pren­sa cap­i­tali­na, daba la noti­cia del narcoindulto.

Velásquez dio instruc­ciones al procu­rador gen­er­al de la Repúbli­ca y al min­istro para la Descen­tral­ización, la tarea de redac­tar el decre­to deroga­to­rio. Tam­bién se reunió de inmedi­a­to con el con­sul­tor jurídi­co, Manuel Peña López, para pre­cis­ar si el indul­to había sali­do de ese despa­cho. Cuarenta y cin­co min­u­tos más tarde, se entre­vistó con el min­istro de la Sec­re­taría y con el jefe de la Ofic­i­na del Con­se­jo de Min­istros, Eze­quiel Alfaro López, para cono­cer los orig­i­nales del indul­to y el pro­ce­so que se sigu­ió para su inclusión en la Gac­eta Oficial.

Uno de sus ayu­dantes se le acer­có y con suma dis­cre­ción le comu­nicó que había cert­era evi­den­cia de que la sec­re­taria pri­va­da, María Aux­il­i­ado­ra Jara de Tara­zona, sus­pendi­da de su car­go unas horas antes, esta­ba en su ofic­i­na destruyen­do doc­u­men­tos. En el acto Velásquez ordenó la actuación policial.

Recorrió el mundo

Velásquez ofre­ció declara­ciones a la pren­sa que se agolpó frente al Pala­cio de Miraflo­res, a quienes les infor­mó que ordenó a la Policía Téc­ni­ca Judi­cial (PTJ) inves­ti­gar lo suce­di­do, y sugir­ió que fue engaña­do para fir­mar. “Uno con­fía en que todos los doc­u­men­tos que fir­ma tienen ori­gen del min­is­te­rio cor­re­spon­di­ente. Pero ya está dero­ga­do todo”, pre­cisó el pres­i­dente encargado.

El caso involu­cra­ba a Lar­ry Sal­vador Tovar Acuña, cap­tura­do el 30 de mar­zo de 1989 con 26 kilo­gramos de cocaí­na, una avione­ta y tres automóviles, que le fueron decomisados.

A raíz de la deten­ción de Tovar, la PTJ retu­vo a 13 per­sonas, incautó otros 40 kilos de dro­ga, siete vehícu­los, medio mil­lón de dólares en efec­ti­vo, joyas, embar­ca­ciones y otros bienes por 100 mil­lones de bolívares.

Extrao­fi­cial­mente se cono­ció que el tex­to fir­ma­do por Velásquez esta­ba refren­da­do por su min­istro de Jus­ti­cia, Fer­mín Már­mol León, por lo cual el man­datario pro­vi­sion­al estam­pó su nom­bre sin ningún inconveniente.

Un escue­to comu­ni­ca­do de la Pres­i­den­cia de la Repúbli­ca, señaló ese miér­coles en la noche que el decre­to de indul­to fue declar­a­do nulo de toda nul­i­dad y que la sec­re­taria pri­va­da de Velásquez fue despedida.

Al descubierto

Durante las primeras horas de la tarde del 27, Ramón J. Velásquez se reunió con María Aux­il­i­ado­ra Jara de Tara­zona. La sec­re­taria había puesto sobre el despa­cho del Pres­i­dente el proyec­to de indul­to acom­paña­do de un estu­dio elab­o­ra­do por la Con­sul­toría Jurídi­ca: pero en aque­l­la opor­tu­nidad al pare­cer, Tara­zona olvidó men­cionarle al man­datario nacional que el informe que servía de base al indul­to había sido elab­o­ra­do por Gus­ta­vo Velásquez, hijo de Velásquez y con­sul­tor jurídi­co de Miraflo­res durante el gob­ier­no de Car­los Andrés Pérez, y que en ningún caso aquel informe recomend­a­ba la decisión de indul­tar al procesado.

En medio del inter­roga­to­rio que sostenía Velásquez y la sec­re­taria pri­va­da del Despa­cho, el Jefe de Casa Mil­i­tar entregó al Pres­i­dente un telegra­ma medi­ante el cual la Tara­zona había noti­fi­ca­do a los padres de Tovar Acuña, sobre las ges­tiones hechas por la Sec­re­taría para reac­ti­var la solic­i­tud del indul­to pro­vis­to des­de el gob­ier­no de CAP.

Velásquez pre­gun­tó insis­ten­te­mente por qué ella había toma­do la ini­cia­ti­va sin pasar la solic­i­tud por los canales reg­u­lares del Min­is­te­rio de Jus­ti­cia o de la Con­sul­toría Jurídi­ca de Miraflo­res. Igual­mente el Pres­i­dente per­sis­tió en el por qué había envi­a­do ese telegra­ma a los famil­iares de Tovar, con lo cual solo prob­a­ba la par­tic­i­pación de ella en el caso del narcoindulto.

Al salir del inten­so inter­roga­to­rio, Jara de Tara­zona recogió sus perte­nen­cias y con ayu­da de var­ios asis­tentes, atestó el vehícu­lo ofi­cial asig­na­do de numerosas cajas, pero efec­tivos de la PTJ, la abor­daron y luego de revis­ar el vehícu­lo fue reteni­da. Por otro lado, Casa Mil­i­tar inter­cep­tó un telegra­ma donde un famil­iar de la sec­re­taria pri­va­da, la esper­a­ba en el Aerop­uer­to Inter­na­cional de Maiquetía.

Una juez decidió dic­tar autos deten­ción a diez per­sonas, tres de ellas fun­cionar­ios de la Pres­i­den­cia. Igual­mente dejó abier­tas las averigua­ciones en el caso de ocho per­sonas más: cua­tro de ellas fun­cionar­ios civiles de la Pres­i­den­cia, un edecán del Pres­i­dente y el pro­pio hijo de Ramón J. Velásquez, que fungió como con­sul­tor jurídi­co de la Pres­i­den­cia durante el manda­to de CAP. El caso fue cer­ra­do para prác­ti­ca­mente todos los ini­cial­mente señal­a­dos. María Aux­il­i­ado­ra Jara de Tara­zona per­maneció deteni­da bajo pro­ce­so judi­cial, así como otras dos personas.

Por su parte, Ramón J. Velásquez evi­den­ció su total fran­queza ante la opinión públi­ca. Des­de el primer momen­to al explicar en detalle lo suce­di­do sin ocul­tar su error. Abrió Miraflo­res para que los cuer­pos de seguri­dad, una comisión par­la­men­taria y los tri­bunales inves­ti­garan todo lo nece­sario. Jamás inten­tó escu­d­arse en su investidu­ra pres­i­den­cial para obviar expli­ca­ciones al tri­bunal, y esen­cial­mente, decidió que en primer lugar esta­ba la cred­i­bil­i­dad de la Pres­i­den­cia antes que posi­bles amis­tades o solidaridades.

Sentenciado los culpables

Un tri­bunal de primera instan­cia encon­tró cul­pa­bles de coludirse para delin­quir y traficar influ­en­cias a fin de hac­er posi­ble el inde­bido indul­to a la sec­re­taria pri­va­da de Velásquez, María Aux­il­i­ado­ra Jara de Tara­zona, al padre del nar­co­traf­i­cante, Sal­vador Tovar, y a un abo­ga­do que colaboró en el fraude, Juan Merchán.

Este tri­bunal sen­ten­ció que el deli­to no fue trá­fi­co de influ­en­cias sino cor­rup­ción propia, por lo cual con­denó a tres años de cár­cel a Jara de Tara­zona y a Tovar, padre del indul­ta­do; y a un año y seis meses al abo­ga­do Merchán.

Con­tra Velásquez, el tri­bunal de primera instan­cia encon­tró ele­men­tos para enjui­cia­r­lo por su par­tic­i­pación en el trá­fi­co de influ­en­cias, pues el ex man­datario admi­tió que cometió un error y fir­mó sin leer el indul­to a Tovar Acuña. Sin embar­go, por su jer­ar­quía y su avan­za­da edad, el caso quedó en manos del Tri­bunal Supe­ri­or de Sal­va­guar­da del Pat­ri­mo­nio Públi­co, que lo exculpó.

Inde­pen­di­ente cer­cano al par­tido Acción Democráti­ca, el doc­tor Ramón J. Velásquez fue escogi­do para com­ple­tar ‑des­de junio de 1993 has­ta febrero de 1994‑, el quin­que­nio del ex pres­i­dente Car­los Andrés Pérez, quien fue des­ti­tu­i­do del car­go, comen­zan­do el pro­ce­so de enjui­ci­amien­to en mayo de 1993.

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Foto de por­ta­da: Dr. Ramón J Velásquez, jun­to a Doña Ligia Betan­court, su esposa des­de 1943 y con quien tuvo cua­tro hijos; en la fotografía, la Primera Dama le acom­paña en el momen­to de su investidu­ra como Pres­i­dente de Venezuela el 05 de junio de 1993

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Sinop­sis era un pro­gra­ma de opinión con­duci­do por Eduar­do Sapene. Se trans­mitía men­su­al­mente cuyo con­tenido resumía las noti­cias más rel­e­vantes del mes. Esta emisión trató prin­ci­pal­mente sobre el caso del nar­coin­dul­to otor­ga­do a Lar­ry Tovar Acuña por Ramon J. Velásquez como Pres­i­dente Interi­no de Venezuela en 1993