Nicolás Patiño y su invasión a Yaracuy
Mario R Tovar
Historiador y escritor
“Los Pueblos que no hacen historia, sino sólo la sufren, tienen la tendencia a considerarse víctimas de los acontecimientos todopoderosos e inhumanos que no tienen sentido.”
Hanna Arendt, citada por Ángel Rafael Lombardi Boscán
Diario Tal Cual
(25–03-2021)
Como bien lo destaca el historiador yaracuyano Juan Vicente Navas Miralles (1962), en su importante texto titulado: “Vida Política y Militar de Yaracuy: 1855–1945”, específicamente en el capítulo IX de este libro, donde reseña los actos hostiles que se habían presentado entre los estados Lara y Yaracuy a raíz del desconocimiento por parte de la Asamblea Legislativa del entonces estado Barquisimeto.
Este hecho que se concretó a raíz del decreto con fecha del 31 de enero de 1865, emanado por esa institución larense a través del cual no aceptaban la legalidad de lo realizado por la Asamblea Legislativa yaracuyana, de incluir en la Ley de División Político-Territorial de 1864, los caseríos Nuare y Nuarito como pertenecientes a Yaracuy, por cuanto la legislatura barquisimetana sostenía que ambos caseríos formaban parte desde hacía mucho tiempo de la Parroquia Buría de aquel estado, y en consecuencia, encargó al poder ejecutivo defender los derechos territoriales del estado, en un claro acto que incitó al belicoso presidente del Estado Barquisimeto Nicolás Patiño, para que tomara armas contra su vecino estado Yaracuy, lo que no tardó en producirse.
Sobre Patiño escribiría el reconocido historiador larense José Gil Fortoul en su Historia Constitucional de Venezuela lo siguiente: “(…) Nuevos generales como Nicolás Patiño, un bárbaro que apenas sabía garabatear su firma.”
Dentro de este contexto, refiere Navas Miralles que esta autonomía dispuesta para los estados federales dentro del país a la fecha, era tal, que el general Patiño, apoyado en la amistad que tenía con el Mariscal Juan Crisóstomo Falcón y con una legislatura incondicional, le llevan a ponerse en armas contra el estado Yaracuy, buscando dirimir aquella controversia territorial.
Pero sin duda alguna, esta agresiva actitud influyó mucho en el ánimo de los yaracuyanos y dividió a la opinión pública; unos se declaraban contrarios a la exigencia, mientras otros la defendían. En tal orden de ideas, en los departamentos de Yaritagua, Urachiche, Sucre y San Felipe, los grupos partidarios de la desintegración del estado, realizaban importantes manifestaciones hasta lograr que los concejos municipales se pronunciaran por ella.
En ese escenario llega el año de 1866 y el 9 de enero, la asamblea legislativa barquisimetana acogió los deseos de anexión manifestados por los cuerpos edilicios antes citados, como una declaración solemne y decidió en consecuencia, incorporar al territorio de Estado Barquisimeto, los departamentos que así lo habían pedido, y a que los otros que se oponían a esta extrema medida, conservarían su autonomía.
Dadas estas circunstancias, el general Nicolás Patiño se dirige el 18 de enero de 1866 a la cámara legislativa, informando que en San Felipe: “Algunos pocos mal avenidos con el pensamiento general”, obstaculizaban la posesión y ejercicio de los funcionarios nombrados por el gobierno barquisimetano y en consecuencia, pedía se le dieran facultades extraordinarias para mantener el orden y hacer cumplir los actos emanados de la ilustre asamblea.
De esta declaración del general Patiño se dejaba entrever claramente que los concejos municipales que se habían pronunciado por la anexión, no interpretaron el sentir unánime del pueblo yaracuyano al tomar aquella insólita resolución y que habían obrado precipitadamente, sin el respaldo mayoritario que necesitaba aquel descabellado e inconstitucional acto.
El mismo día, Patiño dictó un decreto llamando a dos mil hombres de la milicia al servicio activo de las armas, ordenando además la reorganización del ejército. Se aprestaba de esa manera a realizar un acto bélico contra su vecino, como si se tratase de invadir un territorio extranjero; hasta allá llegaba la autonomía que profesaban los generales federalistas de chopo y piedra.
En este orden de ideas, según apunta Navas Miralles, siguiendo la costumbre, el 20 de febrero de ese año se reunió en Caracas el Congreso Nacional y el Estado Yaracuy estuvo representado en la Cámara del Senado por el general Narciso Párraga y por don Agustín Rivero; mientras que en la Cámara de Diputados estaban los doctores Crescencio Montero y Tulio Álvarez de Lugo, además de Juan Bautista Blanco, José Joaquín Freites, Mariano González y Juan González, respectivamente.
Tras meses de tensión en la región, finalmente llegó el fatídico día cuando el general Nicolás Patiño y sus huestes invaden el territorio del Yaracuy, obligando al general Colmenares a trasladar la sede del gobierno a Nirgua. A este respecto, Patiño no tarda en ocupar San Felipe y al resto de pueblos que se habían pronunciado por volver a pertenecer al estado Barquisimeto.
Ante estos graves acontecimientos que perturbaban la paz de la República, el Congreso Nacional tomó seguidamente cartas en el asunto y entró a considerar la documentación que le fue presentada; y con fecha del 14 de marzo de 1866, desconoció como era lógico, los actos realizados por la asamblea y el ejecutivo barquisimetano. Asimismo declaró que el Yaracuy debía volver al ejercicio de su autonomía en todo el territorio que le fue reconocido por la Constitución de 1864.
Por su parte, el artículo 1° de la decisión dictada en aquella oportunidad decía textualmente:
“El Estado Yaracuy ha sido y es de derecho uno de los estados independientes de la Unión Venezolana, sin que hayan podido despojarle de este carácter los hechos irregulares ocurridos en los departamentos de Yaritagua, Urachiche, Sucre y San Felipe, los días 2, 4 y 6 de enero último. En tal concepto, el Estado Yaracuy debe volver al libre, tranquilo y pacífico ejercicio de su autonomía en toda la extensión del territorio que le fue reconocido por la Constitución.”
Estos dramáticos acontecimientos obligan al Mariscal Juan Crisóstomo Falcón emprender por vía terrestre su viaje de regreso de Coro a Caracas, y al poco tiempo establece contacto con los beligerantes, quienes convinieron gracias a un tratado firmado en Guama el 14 de abril de 1866, poner fin a la lucha, reconociendo como Presidente Provisional de Yaracuy a Cirilo María Alvarado, mientras se normalizaba la situación y se verificaban las elecciones.
Este arreglo se hizo en base al Acuerdo dictado por el Congreso Nacional, que amparaba la soberanía e independencia del Yaracuy. Luego de ello, el Mariscal presidente se despidió de los yaracuyanos con una proclama en la cual les aconsejaba el don precioso de la paz. Como consecuencia de ello, el periódico “El Federalista” de Caracas, editorializó en los siguientes términos:
“No es cierto que la Federación esté establecida y mucho menos consolidada, puesto que hacia el interior de los estados despedazan sus propias entrañas, o se despedazan los unos a los otros, y el Presidente Federal tiene que ir de la una a la otra parte desarmando brazos y calmando iras (…) La Hacienda Pública se halla en el estado más deplorable, no tanto por falta de recursos, sino por falta de moralidad; moralidad que podría establecerse si se creara la sanción por el esfuerzo y el juicio de los que políticamente estando en lo alto, tienen la representación popular.”
Por último, reunida la Asamblea Constituyente nombra como presidente del Estado Yaracuy al general Juan Fermín Colmenares, quien tomó posesión del cargo el 1° de julio de 1866. Catorce días después queda sancionada la nueva Constitución Regional y según su artículo 15:
“El Poder Legislativo se ejercía por una Asamblea de Diputados de los Departamentos a razón de tres por cada uno; y por Concejos en sus respectivos Departamentos.”
Finalmente, se disponía que el presidente del Estado sería elegido por votación universal, directa y secreta. En cada Departamento habría un Prefecto nombrado de igual forma y para suplir sus faltas, el concejo respectivo nombraría un designado; mientras que en cada distrito habría un jefe Civil nombrado también por votación popular y sería agente del Prefecto departamental correspondiente.
Con ello, se legitimarían las nuevas autoridades políticas de la región, quedando solventada la poco divulgada invasión del general barquisimetano Nicolás Patiño al territorio yaracuyano, aquellos funestos días de 1866.
