Sierra Nevada, el buque inmortalizado tras escándalo de corrupción
Luis Alberto Perozo Padua
Periodista y cronista
luisperozop@hotmail.com
@LuisPerozoPadua
El caso más polémico durante el primer gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez fue el Sierra Nevada, generando todo un torbellino político de grandes dimensiones.
Corría el año 1979, y gobernaba el país Luis Herrera Campins (1979–1984); la Cámara de Diputados la presidía el doctor Carlos Canache Mata.
Siendo ministro del Fondo de Inversiones de Venezuela el economista Leopoldo Díaz Bruzual obtuvo información del sobreprecio en la adquisición de un buque refrigerado denominado Sierra Nevada, por lo que inmediatamente se dirigió a la opinión pública.
Según apuntes de Fabían Capecchi y Alfredo Schael, (ambos historiadores) en la obra: De babor a estribor. Reseñas de la Navegación en Venezuela (2015), que la prensa del momento recogió y explotó un auténtico escándalo provocado del defenestro de ciertos funcionarios ligados a la transacción que de monto superior pasó a inferior no obstante lo cual se habrían reconocido comisiones a intermediarios, presuntos interpuestos y beneficiarios finales de la compraventa sencilla que debió ser.
La “malhadada” acción de Díaz Bruzual parecía la oportunidad de desnudar al gobierno corrupto, para otros, a lo interno, no era más que un linchamiento político, un pase de factura al expresidente Carlos Andrés Pérez.
Maniobras engañosas
Escribe Luis Ernesto Fidhel Gonzáles, (licenciado en Estudios Internacionales y especialista en Derecho Mercantil) que La Comisión de Ética del CEN de AD, declaró en su informe del 24 de octubre de 1979 que la negociación para su compra había sido “apresurada y negligente”, y “hubo personas que actuaron deshonestamente y obtuvieron beneficios ilegales”.
El Congreso Nacional inició la investigación del caso el 1 de noviembre de aquel año 79, designando una Comisión que presidida por el diputado Ramón Tenorio Sifontes, de Unión Republicana (URD), integrada además por Anselmo Natale, Leonardo Ferrer, Pedro Tabata Guzmán y Miguel Bellorín, determinando que en el proceso de negociación y ejecución del contrato del compra-venta del buque Sierra Nevada, se realizó una serie de maniobras engañosas con daño patrimonial a la Nación venezolana.
La Comisión del Congreso de la República solicitó a la Cámara de Diputados el establecimiento de responsabilidad política, administrativa, moral y penal del expresidente Carlos Andrés Pérez, así como de Luis Álvarez Domínguez, John Rafael y José Andrés Octavio, este último ex contralor General de la Nación).
Absolución de CAP
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El 8 de mayo de 1980, luego de acalorado debate de varios días, el Congreso delimitó que, en el caso del navío en cuestión, hubo responsabilidad política más no administrativa y moral de Carlos Andrés Pérez.
El diputado David Morales Bello, ejerció una firme postura desde su curul advirtiendo en su discurso que: «Nuestra posición es la de afrontar como siempre la expresión de la contramentira y la defensa de la verdad. Y nos explicamos esta agresión contra CAP, como una coyunda entre quienes pretenden asumir posición de defensa revolucionaria, y quienes detrás de bastidores, perfectamente advertibles, con dineros mal habidos y peor dispuestos, esa guerra para tratar de desacreditar a CAP».
Adujo además que CAP, al inicio de su gobierno, ya se había encontrado con el caso abierto de la adquisición y equipamiento de barcos de guerra.
Lo curioso de aquella situación fue que el periodista y entonces diputado José Vicente Rangel salvó a CAP en aquel juicio famoso. El único juzgado por aquel evento de “corrupción” fue el capitán Anselmo López Oquendo, quien realizó el arqueo del buque y fue recluido en el Reten Judicial del Junquito.
El Congreso Nacional en su sesión conjunta de ambas cámaras el 8 de mayo de 1980, dio como resultado de la votación: responsabilidad política: 132 votos contra el expresidente Pérez y 102 a favor. Responsabilidad administrativa: 113 votos contra CAP y 115 votos a favor; quedando absuelto y, en el caso de la responsabilidad moral, los votos se contabilizaron en 111 contra CAP y 119 votos a favor. Fue absuelto y el caso Sierra Nevada fue cerrado por la Fiscalía el 13 de junio de 1980.
Antes del escándalo
La minuciosa recopilación de los historiadores Capecchi y Schael, dice que el 1 de julio de 1977 se reunieron en Noruega representantes de la Corporación Venezolana de Fomento (CVF), John Raphaele y Luis Cova Arria; el doctor Anselmo López Oquendo, en representación del Ministerio de Transporte y Comunicaciones; por la firma vendedora intermediaria Hice S. A., Franz Hayoz; Meter Berg, en nombre del astillero Drammen Ship and Verksted, y el embjaador de Venezuela en aquel país escandinavo.
El astillero iba a hacer la entrega formal de un buque fantástico vendido luego de cumplidos los trámites y exigencias mejor concordantes con los intereses de la República de Venezuela.
Se trataba de un frigorífico flotante que la enorme demanda de alimentos que experimentaba Venezuela en aquel momento requería como apoyo a las masivas importaciones que abarrotaban los puertos y copaban la capacidad de la limitada red de silos refrigerados.
Prosiguen estos historiadores: Había carencia mundial de barcos frigoríficos para que Venezuela supliera las urgencias alimentarias del país. Ese vapor se llamaba Rangi-Berg, construido en 1972, cuando empezó a operar transportando perecederos.
Anotan un dato formidable, el Rangi-Berg (Sierra Nevada) fue ofertado en 23 millones de dólares a la CVF, ente estatal que lo adquiría por la suma de 20 millones de dólares. El buque cumplía viajes entre Japón, Ecuador y la Costa Este de Norteamérica.
Los evaluadores Gibbs & Cox Inc. y los tasadores consultados, rindieron los informes correspondiente en lo que dejaron asentado que el Rangi-Berg estaba en perfectas condiciones, ante lo cual el ministerio de Fomento pasó la oferta ofrecida por Hice a las entidades públicas nacionales que debido al pre contrato, ejercerían su propia auditoria determinante de la adquisición o no del barco situado en Dramemen, Noruega para el momento en que las negociaciones habían avanzado lo suficiente concluido el examen por la Contraloría General de la República, cuyo dictamen favoreció lo convenido en 20 millones de dólares.
Capecchi y Schael también indican entre las características técnicas que el Rangi-Berg, era un barco de 9 mil toneladas, cuatro bodegas para temperaturas de al menos 25°C y más de 12°C; 360 mil pies cúbicos y velocidad de 22,5 nudos. Sería rebautizado Sierra Nevada por la CVF al tomar en cuenta que en tales bodegas cualquier cosa se congelaba con extrema rapidez.
Finalmente, señalan los citados historiadores que poco importó la suerte final de aquella inversión que en su momento ascendía a 94.600.000 bolívares al cambio de 4,30 bolívares por dólar. “La política y el escándalo restaron todo valor a la posesión de un bien por aquella época escaso en el mundo de los buques o la marina mercante.”
Luego que el Sierra Nevada, estuviera un tiempo prolongado en puertos venezolanos, fue traspasado a la Armada en 1985, que lo toma como barco frigorífico rebautizándolo con el nombre de “Puerto Cabello” (T‑44) y en 1994 empezó a prestar servicios para la Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada (Ocamar), desde donde también surgieron incontables denuncias puesto el buque era utilizado para cargar con mercancías (electrodomésticos y otros) en beneficio de la alta oficialidad, políticos y empresarios venezolanos.
Finalmente, el “Puerto Cabello” (ex Sierra Nevada) operó hasta 2002 y a pesar de encontrarse en buenas condiciones, su destino culminó en el desguazadero.
Fuente: Luis Ernesto Fidhel Gonzáles. 40 años del caso Sierra Nevada. Analitica.com. Mayo 7, 2020
Fabían Capecchi y Alfredo Schael. De babor a estribor. Reseñas de la Navegación en Venezuela. Publicación de la Fundación Museo del Transporte. Middlentown, DE, USA. 2015
